En agosto de 2025, Iván Norambuena Farías fue nombrado subgerente de Desarrollo Estratégico Regional en la Corporación Desarrolla Biobío, una entidad público-privada que hoy dispone de más de $5.600 millones de pesos entregados por el Gobierno Regional del Biobío para su funcionamiento trienal desde 2024 a 2026. El nombramiento, lejos de ser una sorpresa, confirma una tendencia persistente en la política chilena: el reciclaje de figuras históricas del poder, muchas veces bajo la lógica del pago de favores políticos.
Norambuena, militante de la UDI y ferviente defensor del legado de Augusto Pinochet —a quien calificó como “un gran estadista”—, fue alcalde designado por el dictador en Curanilahue y Penco. Posteriormente, ocupó por dos décadas un escaño en la Cámara de Diputados, representando a la Región del Biobío. Su trayectoria ha estado marcada por una defensa férrea del orden autoritario, por episodios de violencia política —como la agresión física al entonces diputado Alejandro Navarro en el Congreso— y por una visión conservadora del país.
“Pinochet fue un estadista. Yo no le pondría ningún calificativo a su figura, sino solo hay contar que él fue un gran estadista y recalcar que como en otros momentos de la historia del mundo también hubo muertes”, aseguró el diputado gremialista Iván Normabuena.
El Mostrador, 21 de agosto de 2018
Tras perder las elecciones al Senado en 2021 y luego la alcaldía de Los Ángeles en 2024, Norambuena reaparece en el mencionado cargo estratégico, que en todo caso no es el único, pues lo desempaña en paralelo a su rol como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, donde fue elegido por el Congreso Nacional. Este organismo tiene como misión definir el monto, reajustabilidad, destino y criterios de uso de las asignaciones parlamentarias, con cargo al presupuesto del Congreso. Aunque se presenta como un ente técnico, sus miembros —ex autoridades políticas— reciben una dieta mensual equivalente a 100 UTM, lo que supera los $6.500.000, una cifra que ha sido duramente cuestionada por su escasa exposición pública y limitada fiscalización.
Una Corporación Sin Confiabilidad
El nombramiento de Norambuena en Desarrolla Biobío, aparenta ser un cargo creado a su medida, dado que no existía en el organigrama institucional y se suma entonces a otros casos cuestionados. La Contraloría General de la República emitió un informe que revela falta de control administrativo y procesos deficientes de acreditación de subvenciones en la corporación. En particular, se cuestionó la contratación de Carlos Chamorro, hermano del alcalde de Coronel y pareja de una ex periodista del gobernador Rodrigo Díaz. La relación entre vínculos familiares, campañas políticas y asignaciones directas de fondos públicos ha sido denunciada como parte del llamado “Caso Convenios”.
En este contexto, el traspaso de la organización del Festival REC —hasta ahora gestionado por el Teatro Biobío— a Desarrolla Biobío ha generado preocupación en el mundo cultural. Aunque el Consejo Regional aprobó la medida con 27 votos a favor y una abstención, diversas voces advierten que la decisión no responde a criterios técnicos ni financieros, sino a una estrategia política para comercializar un evento que nació como expresión ciudadana y cultural.
El REC, que en su última edición convocó a más de 360 mil personas, ha sido una vitrina para el talento local y un símbolo de descentralización cultural. Su traspaso a una corporación cuestionada por vínculos políticos y falta de transparencia pone en riesgo su esencia. Como señalan actores del mundo artístico y ciudadano, “el festival fue construido colectivamente, y no puede transformarse en un producto de mercado al servicio de intereses empresariales y partidistas”.
Así, el regreso de Iván Norambuena al aparato público no es solo el retorno de una figura del pinochetismo. Es también el reflejo de una estructura política que sigue premiando lealtades, normalizando conflictos de interés y debilitando los espacios de participación ciudadana. En el Biobío, el poder se recicla, mientras la ciudadanía los observa
En este contexto, Javier Sandoval Ojeda, candidato a diputado por el distrito 20, señalo en el foro panel de debate organizado en conjunto por las Universidades de Concepción y Universidad Católica de la Santísima Concepción, su dura crítica:
"Y tenemos el caso de que se le quiere entregar a una corporación empresarial privada llamada Desarrolla Bio Bio, la peor de todas, la más bizarra, a la cual el Consejo Regional, sin chistar, sin ningún tipo de análisis crítico, le ha entregado miles de millones de pesos para sus gastos operacionales a lo largo de años. 5 mil millones de pesos para un trienio, para arrendar oficina, para sus cafecitos caros, para sus viajes. Que tiene en su directorio a una persona vinculada a Colonia Dignidad, que aprueba presupuesto para la Empresa Nacional del Agua de Israel, que comete genocidio, Mekorot, que no rinde cuentas de lo que hace, incluso con lo que se les entrega".
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En síntesis vemos cómo figuras del pasado autoritario reaparecen en cargos estratégicos de la región, en esta suerte de Gobierno Regional paralelo que conduce al órgano electo, debilitando la participación ciudadana al transformar espacios culturales como el Festival REC en instrumentos partidistas. Esto perpetúa prácticas contrarias a la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana de un Gobierno Regional del Biobío en crisis por la administración del ex gobernador Rodrigo Díaz, que hoy en manos de Sergio Giacamán da continuidad a la captura empresarial de la institucionalidad pública, tan cuestionable como peligrosa.