Columna de Opinión | La gravedad de la violencia en las escuelas parece habitar un segundo plano cuando quienes gozan de tribuna mediática discuten y reclaman por la inseguridad en el país.
En el caso del Sistema Educativo y los liceos afecta a una política pública que no es prioridad de gran parte de la élite política y económica. El fenómeno refleja problemas y carencias que van mucho más allá de la persecución del delito y la presencia policial en las calles, haciendo más evidente la necesidad de una respuesta integral tanto fuera como dentro de los establecimientos educacionales.
Por eso resulta totalmente insuficiente limitarse a medidas como detectores de metales en la entrada. Los hechos violentos pueden perfectamente ocurrir unos metros antes de esa máquina o expresarse por otros medios. El problema es bastante más que el arma. Las relaciones mediadas por la imposición y el odio, la discriminación sexista, el bulling, las agresiones sin armas, constituyen una dinámica instalada de agresividad que va en clara escalada. Seguir reduciendo tanto el problema como la solución al fetichismo de las armas conlleva una irresponsabilidad política cada vez mayor.
Las condiciones de estudio de estudiantes y sus familias, así como de un profesorado bajo agobio y condiciones de riesgo son incomparables con las de una clase política que reclama y toma decisiones sobre el rumbo del país en educación, seguridad, presupuestos. Es hora de poner al centro de la agenda la Convivencia Social desde la relación entre Escuela y Comunidad, para una reeducación colectiva centrada en la Convivencia.
Para sanar de la violencia desatada empecemos a construir escuelas y comunidades seguras.
Reorientar las políticas del Estado hacia la infancia y la juventud, así como entrar a fondo a la problemática de Salud Mental que atraviesa de arriba a abajo la sociedad. Cómo puede ser aceptable el superavit y desempleo de profesionales de esta área a nivel país al mismo tiempo que el deterioro en la población crece y solo una parte de ella encuentra atención en clínicas o terapias particulares. Cómo puede un estado y Gobierno proponerse ampliar la cobertura y metas de atención pública a la vez que desatiende las necesidades de contratación y carrera funcionaria. Es imperioso superar aquellas políticas que en materia de salud mental, educación y desarrollo social conllevan soluciones “enfermantes”.
Ai igual que sucede con la Seguridad, debemos pasar de ver la salud mental como problema exclusivamente médico o individual a uno de convivencia. Invirtamos en la convivencia, en la calidad de vida de las familias y de las y los trabajadores de la Educación, en acompañamiento médico y de salud en las escuelas sean públicas o privadas.