Propuesta para el Presupuesto 2020 Región del Biobío

Javoer Sandoval Ojeda - Consejero Regional del Biobío

Tomando en consideración la incertidumbre sobre los posibles escenarios de respuesta del Ministerio de Hacienda, las consecuencias regionales derivadas del pésimo presupuesto 2019, así como el ejercicio pendiente de análisis de prioridades junto a este Consejo por parte del GORE, sumado a la deficiente profundización en una de las herramientas imperativas a nuestra labor como lo es la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), ponemos en consideración del Consejo la siguiente propuesta adicional de Incremento para el Presupuesto 2020 y algunos ejes de inversión urgentes y prioritarios.
 
Esto a manera de línea de base compatible con un fondo para nuevos proyectos que progresivamente absorba el monto que hoy por hoy se destina al arrastre, unido a las otras medidas de incremento y descentralización de recursos vía impuestos territoriales, a empresas contaminantes, puertos, patentes etc, que en distintos momentos hemos planteado someter al análisis y discusión política regional. De igual manera es preciso modificar los criterios con que se asignan estos fondos, los mecanismos de entrega y dónde se definen sus objetivos, impulsando propuestas  existentes al respecto.  
 
1) Duplicar monto para nuevas inversiones, de 20 mil a 40 mil millones, de manera de asegurar un monto mínimo total superior a 128 mil millones.
 
2) Orientar dicho gasto (al igual que el de los proyectos de arrastre a priorizar) hacia ámbitos críticos deficitarios de la realidad regional.
 
Si necesitamos más recursos se debe no a los proyectos ya comprometidos sino a la complejidad de los problemas “de arrastre” que tiene la región. Estos en gran parte han sido causados por políticas centralistas poco enfrentadas e incluso apenas administradas desde la región. Entonces requerimos un mayor presupuesto  que incluya el objetivo de revertir eso y no para profundizar el modelo.

  • Javoer Sandoval Ojeda - Consejero Regional del Biobío

Línea de financiamiento para iniciar una política de industrialización no extractivista en el Biobío.

Un área de la economía regional que la propia propuesta de ARI presentada  reconoce como deficitaria es la manufactura, a la vez que vemos desfilar proyectos de inversión privada que no consideran la ERD e insisten en el extractivismo de materias primas, bienes y recursos sin agregar valor.

Requerimos iniciar una industrialización de nuevo tipo. No ha existido antes ni después de elaborada la ERD una real estrategia de apoyo o salvataje de la industria regional, partiendo por un plan oportuno para revalorizar la industria acerera (Huachipato) o portuaria y llegando al abandono de compromisos de gobierno como ley antidumping y tercer dique de Asmar. Como gran “buque insignia” regional resalta un proyecto Mapa que indiscutiblemente persiste en el extractivismo forestal intensivo mediante un monocultivo responsable de daños graves y sostenidos: degradación del suelo, alteración del régimen hidrológico incluyendo cárcavas que propician inundaciones, a la vez sequía de las napas, incendios recurrentes con amenaza permanente a zonas residenciales y de valor natural, reducción de agricultura, despoblamiento de los campos, desplazamiento de comunidades y pérdida de territorio para sus habitantes (Curanilahue 95 por ciento forestal), rotura de caminos, ocupación irregular de riberas de ríos y vertientes como en Trongol bajo, además mala calidad de empleo y accidentabilidad, entre otros abusos que no se fiscalizan ni controlan.

De la misma manera que aún persiste un insólito decreto 701 para la cadena de producción de esta industria, podemos concebir un fondo de incentivo inverso, que fomente la inversión agroforestal diversificada y sustentable, más alineada con lo que declara la ERD. 

De igual manera fomentar proyectos de estudio e inversión directa en áreas productivas tales como la industria naval y particularmente el tercer dique en Asmar, así como en la recuperación y promoción de la industria alimentaria local, priorizar en las bases de los fondos para investigación FIC y condicionar recursos Pacyt (además de a una representación democrática de la comunidad regional) a proyectos claramente comprometidos con una reconversión progresiva de la matriz productiva regional en los ámbitos forestal, pesquero, minero y energético orientada hacia una economía sustentable.

Actores regionales diversos han señalado propuestas de este tipo. Se necesitan más recursos, no para insistir en proyectos pro extractivistas, dentro de un modelo primario exportador promovido hasta ahora por el Estado, sino para revertir el alto daño que este modelo ha producido.

Línea de financiamiento para la descontaminación y recuperación ambiental.

Es apremiante adoptar medidas e inversión en planes de descontaminación y saneamiento ambiental para salvar vidas y calidad de vida especialmente en comunas que se encuentran en sacrificio como el caso de Coronel. Junto a iniciar la reducción progresiva de industrias contaminantes, se requiere la eliminación de vertederos urbanos, la instalación de zonas buffer con matorral costero y acceso a playas. Se requiere investigación pública efectiva, elaboración de marcos de referencia en contaminación y medidas de salud en zonas de sacrificio, así como en aquellas comunidades y grupos etareos expuestas a impactos de mega proyectos. Sistemas y planes de prevención y emergencia ante catástrofes que los anticipen y aseguren ayuda oportuna.

En las actuales condiciones de daño sostenido y de cambio climático es de todo sentido que adicionalmente a aumentar y mejorar los sistemas de APR resolviendo sus deficiencias de aplicación junto con las comunidades, nos aboquemos con toda dedicación a impulsar políticas urgentes, medidas innovadoras y de fondo para asegurar la sustentabilidad del agua. A su vez enfrentar los problemas de inundaciones de manera sinérgica con las características geomorfológicas de la región que habitamos, condicionando a inversionistas y concesionarios cuyo interés principal ha demostrado no ser el bien común.

Más que derrochar recursos para canalizaciones de ríos y aguas lluvia en base a ductos y canales de cemento, en una carrera sin destino tras la rueda de una expansión urbana dirigida por el mercado inmobiliario planteamos una política de inversión que apunte a proteger y recuperar las redes naturales de drenaje, cauces de ríos, lagunas y humedales urbanos al margen de su extensión, considerando su pertenencia a sistemas mayores interconectados, como el Chepe hasta Vasco de Gama y Rocuant, el cerro Caracol hasta Nonguén, el Andalién actualmente en gravísimo riesgo. Recuperar la memoria del agua controlando el crecimiento inmobiliario irresponsable son inversiones necesarias, junto a otras de aprovechamiento de lluvias y descontaminación, corrigiendo deficientes proyectos de canalización que incluso han generado daño ambiental y riesgo a la población.

Proponernos hacer valer la categoría de Santuario de la Naturaleza asignada por el Estado a la península de Hualpén y desafectada por un plan de manejo arbitrario e irregular, asi como por proyectos inmobiliarios y hasta el momento por la decisión política irresponsable sobre herramientas de planificación donde domina el interés privado. Mayores recursos permitirían impulsar una mesa intersectorial capaz de generar y promover una respuesta integral para salvar un Santuario cuyo valor es único en la Región y que reviste interés nacional e internacional, considerando zonificación, nuevo plan de manejo y administración. Esto procurando el apoyo de ministerios y organismos públicos nacionales para su preservación y la co-elaboración de un plan de expropiación de áreas privadas estratégicas, evitando el precedente catastrófico de convertirnos en la primera región del país en amparar la destrucción legal de este tipo de áreas protegidas.

Comunidades y organizaciones socioambientales han generado numerosas propuestas. Para estar a la altura de la conciencia ambiental internacional, que estas sean parte de nuestras metas regionales en el año y contexto de la COP 25.

Línea de financiamiento para fortalecer la Educación Pública

Comenzar por la inmediata gestión de inversiones y/o estudios pendientes para terminar con las Escuelas modulares, dado que no es aceptable esta condición a diez años del Terremoto-Tsunami. Construir una cartera de inversión inmediata para reposición de estos establecimientos educacionales, así como para proyectos de reparación de la gran cantidad de Escuelas en las que la precariedad de infraestructura y el abandono impiden desarrollar un proyecto educativo efectivo y acoger a niñas y niños en condiciones dignas de salud y seguridad. Esto incluyendo escuelas subvencionadas sin fin de lucro que centran su proyecto en sectores populares.

Conocer el diagnóstico en la materia y analizar las carteras de proyectos del MINEDUC a fin de elaborar un Convenio de programación que represente un giro en la situación actual tanto en infraestructura como en déficit presupuestario.

Para revertir la anomalía a nivel mundial que es la tendencia a la extinción de la Educación Pública en Chile se requiere iniciar una decidida inversión, incluyendo  deuda histórica y desarrollo curricular capaz de lograr la recuperación de matrícula. Así como ser parte y hacer parte a las comunidades educativas de la evaluación periódica de la implementación de la desmunicipalización y los nuevos Servicios Locales. Son estos parte de conocidos planteamientos del Colegio de profesores, apoderados, estudiantes.

La inversión educativa curricular también requiere fortalecer programas y fondos para la construcción de ciudadanía activa, incluida la co educación no patriarcal, la educación ambiental integral y pertinente a nuestra realidad regional, la protección de flora y fauna, especialmente aquella endémica y en riesgo.

Una Región que ha sido llevada al rezago, el empobrecimiento y la contaminación por políticas centralistas no tiene por qué conformarse ante el abandono Estatal de su Educación Pública, sino que necesita resituarla en el centro y en el primer plano.

Línea de financiamiento para el derecho a la ciudad y vivienda digna.

Los déficit habitacionales están estrechamente ligados a la especulación inmobiliaria con el suelo. La falta de vivienda, campamentos que mantienen índices históricos, la segregación e inaccesibilidad sigue siendo una constante.

Proponemos co financiar un Convenio de Programación orientado a apoyar financieramente la compra de suelo, mejoramiento de estos y urbanizaciones. Debe estar orientado a complementar la necesidad de aumentar al doble los recursos destinados a vivienda social a la vez que se pone freno al uso especulativo del suelo como combinación para solucionar la crisis existente. Esto acompañado de la creación de un Banco Comunal de Suelos para Vivienda Social, considerando expropiaciones donde se requiera.

Orientar dicho fondo a fortalecer y agilizar el DS49 y promover la postulación y autogestión de organizaciones de vivienda, desincentivando la postulación individual como patrón de programas como el subsidio de arriendo así como las mayores facultades otorgadas a las empresas en la nueva ley llamada de integración. Organizaciones sociales de vivienda como FENAPO han sido mucho más proactivas y exigentes ante la falta política estatal, incluyendo la elaboración de decretos, lo que debe ser asimilado y reforzado en las políticas regionales y su presupuesto.   

En cuanto a accesibilidad y transporte contar con un programa de inversión en movilidad y accesibilidad que supere la fragmentación actual de las inversiones en conectividad asociadas preferentemente a rentabilidad privada (Pie de Monte, acceso sur puente industrial, Soterramiento vía férrea, Metro etc) que se construya y resuelva en forma efectivamente participativa un sistema de transporte con Planes Maestros basados en un diagnóstico integral. 

Así como el financiamiento de estudios y medidas que reviertan la forma de planificar y hacer ciudad no sustentable y segregadora que han dirigido las inmobiliarias, causando inundaciones, atochamientos crecientes, contaminación, violencia urbana. Entidades públicas o parques científicos financiados con recursos públicos deben hacerse cargo de la necesidad de Centros de investigación y producción de conocimiento para las comunidades y territorios amenazados por impactos de megaproyectos invasivos, sin conciencia ambiental y social a los cuales  se enfrentan permanentemente.  

Organizaciones sociales, vecinales y ciudadanas por el derecho a la ciudad han hecho aportes sustantivos que ameritan traducirse en política pública.


Linea de financiamiento para organizaciones sociales y comunitarias

Existe una necesidad creciente de fondos en las organizaciones vecinales, Cosoc, colectivos temáticos culturales. Ambientales, deportivos, de tercera edad, etc, tanto para su funcionamiento, actividades, proyectos como para los procesos de participación autónoma de una sociedad civil necesitada de fortalecerse y generar condiciones para participar, y que además debe incidir en la labor que desempeñamos.

Se requieren mayores fondos para ellas así como programas más consistentes y efectivos para abordar los problemas que declaran en sus postulaciones a proyectos. Junto con reformular las subvenciones del 2 %, los Fril y otras es pertinente crear un fondo de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias.

Como se apreciará las propuestas anteriores están comunicadas con otras necesarias medidas de orden administrativo así como el incremento y descentralización del PROPIR (fondos sectoriales entregados directamente a ministerios) y promueven la celebración de convenios y programas conjuntos con Seremías y Municipios.

Nuestra Región no necesita continuidad sino un cambio profundo, incluyendo sus presupuestos. El país está creciendo, dicen, pero a la región del Bio Bio se le ha castigado en presupuesto y en desigualdades. Llevamos ya décadas de retraso e irrelevancia, desigualdades y catástrofes; persistiendo en un modelo que trae felicidad a inversionistas pero priva de un buen vivir a las mayorías que aquí habitamos. Con el porcentaje y monto específico de presupuesto regional que seamos capaces de exigir y lograr, abordando omisiones y causas históricas, podemos avanzar hacia revertir esta circunstancia.